El pasado diciembre del 2023, se aprobó la propuesta de Directiva sobre la Diligencia Debida de las Empresas en Materia de Sostenibilidad por parte del Consejo y el Parlamento Europeo, con el objetivo de mejorar la protección del medio ambiente y los derechos humanos, tanto en la Unión Europea como a nivel global.  

Bajo esta legislación, las grandes empresas de más de 500 trabajadores con facturación superior a los 150 M€ tendrían la obligación de cumplir con ciertas normativas relacionadas con los impactos negativos, reales y potenciales, sobre los derechos humanos y el medio ambiente, tanto en sus operaciones propias como en las de sus filiales y socios comerciales. 

Cambio drástico en las decisiones tomadas en Europa 

Después de cuatro años de esfuerzos legislativos para establecer una ley sólida que protegiera los derechos humanos y el medio ambiente, los Estados miembros del Consejo retrasaron la aprobación de la propuesta acordada. Este retraso fue atribuido a la decisión de Alemania de abstenerse en la votación y los esfuerzos de última hora de Francia para debilitar significativamente la ley. 

En marzo de 2024, se produjo un cambio significativo en la propuesta cuando el Consejo de la UE aprobó en votación que la Directiva sólo se aplicará a las organizaciones muy grandes, definidas como aquellas con más de 1.000 trabajadores y un volumen de negocios superior a 450 M€. 

Una de las consecuencias directas de esta reducción en la normativa ha sido la exclusión del ámbito de aplicación de casi el 70% de las empresas. Esto significa que menos empresas estarán obligadas a establecer objetivos de reducción de emisiones y a implementar planes de transición climática. 

Consecuencias derivadas del retroceso en las decisiones 

Los defensores de regulaciones más estrictas para proteger el medio ambiente consideran que este cambio es un retroceso, ya que perjudicaría a las comunidades y ecosistemas afectados por las prácticas empresariales destructivas. También cuestionan el compromiso de la UE con la igualdad de condiciones en los mercados y su credibilidad como legislador. 

No obstante, las empresas más pequeñas que ya estaban cumpliendo con estándares más estrictos podrían obtener una ventaja competitiva al destacar su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social.  

Además, el cambio en la ley podría aumentar la presión sobre las empresas para que se autorregulen y adopten prácticas sostenibles y éticas por iniciativa propia, pudiendo enfrentar críticas públicas si no lo hacen.