En los próximos meses, la Directiva sobre Diligencia Debida de la Sostenibilidad Corporativa (CSDDD) de la UE continuará avanzando hacia su implementación. Los Estados Miembro están trabajando para adaptarla a sus respectivas legislaciones nacionales.
La CSDDD obliga a grandes empresas a identificar y mitigar los impactos adversos en derechos humanos y el medio ambiente a lo largo de toda su cadena de valor. El cumplimiento será gradual, empezando en 2027 para las empresas más grandes (más de 5.000 empleados y 1.500 millones de euros en facturación global), extendiéndose hasta 2029 para empresas con más de 1.000 empleados y 450 millones de euros de facturación.
Esta directiva no solo afectará a empresas con sede en la UE, sino también a compañías extranjeras que operen en el mercado europeo, siempre que alcancen ciertos umbrales de facturación. Las empresas estarán obligadas a establecer planes de transición climática alineados con el Acuerdo de París, y enfrentan sanciones significativas, incluyendo multas del 5% de su facturación global, si incumplen.
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Sectores más afectados por la CSDDD
La CSDDD, al abarcar temas tan amplios como derechos humanos y medio ambiente, tiene el potencial de afectar a una amplia gama de sectores. Sin embargo, algunos sectores son particularmente sensibles debido a la naturaleza de sus operaciones y su cadena de suministro. Estos incluyen:
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Algunos de estos sectores suelen tener cadenas de suministro globales y complejas, sus actividades pueden tener un impacto ambiental considerable, o bien existe un mayor riesgo de violaciones de derechos humanos, como trabajo infantil, explotación laboral y discriminación.
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Implementación de la CSDDD
La implementación de la CSDDD es un proceso gradual que involucra a diversos actores, tanto a nivel europeo como nacional.
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Es muy probable que, en los próximos meses, se publiquen guías y orientaciones para ayudar a las empresas a comprender y aplicar la directiva, y que se desarrollen herramientas digitales para facilitar la gestión de la diligencia debida.
Paralelamente, es de esperar una mayor presión de los inversores, los cuales exigirán cada vez más a las empresas que demuestren su compromiso con la sostenibilidad.
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La transposición de la CSDDD en España
En España, como en otros países miembros, la transposición de la CSDDD implica adaptar la directiva a la legislación nacional. Esto significa que se deben crear o modificar leyes, reglamentos y otras normas para incorporar los requisitos de la directiva en el ordenamiento jurídico español.
La directiva, que entrará en vigor en 2027, establece que los Estados miembros, incluido España, tienen hasta dos años desde la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea para incorporarla a sus normativas nacionales.
Aunque la ley aún no ha sido formalmente transpuesta en España, las autoridades nacionales ya están preparando mecanismos de control y sanciones para asegurar su cumplimiento, lo que incluye multas que pueden alcanzar hasta el 5% de la facturación mundial neta de las empresas. La implementación de esta normativa representará un gran reto, especialmente para las empresas que dependen de proveedores globales.
En conclusión, aunque la CSDDD afectará directamente a las empresas más grandes, es importante que todas las empresas empiecen a familiarizarse con la directiva para detectar posibles implicaciones indirectas y, por qué no, posibles oportunidades para diferenciarse de la competencia.
→ Directiva (UE) 2024/1760 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad y por la que se modifican la Directiva (UE) 2019/1937 y el Reglamento (UE) 2023/2859