Las empresas con más de 50 trabajadores deberán negociar con los trabajadores para planificar las medidas a adoptar en un plazo máximo de tres (o seis meses, si no hay convenio colectivo ni representación de los trabajadores).   

Según establece la ley, las empresas deberán aplicar las siguientes medidas: 

• Creación de un protocolo contra el acoso y la violencia donde se identifiquen prácticas preventivas y mecanismos de detección y de actuación frente al mismo.  
• Formación, sensibilización y establecer un uso adecuado del lenguaje para toda la plantilla, incluidos los directivos. Se deberá incluir módulos específicos que incidan en la igualdad de trato y oportunidades. 
• Revisar los procesos de los departamentos de recursos humanos y eliminar los sesgos discriminatorios que pueda haber en el proceso de selección.  
• Según El País, el texto también incluye la promoción de la heterogeneidad de las plantillas. 

La Inspección de Trabajo vigilará el cumplimiento de estas medidas contemplando sanciones para las empresas que no cumplan con la norma. 

El contenido del acuerdo, pendiente de publicarse, desarrolla el artículo 15 de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.