Johannes Fritz, director ejecutivo de St. Gallen Endowment for Prosperity through Trade, sede institucional de la Global Trade Alert, avanza que la batalla comercial de Trump deberá lidiar, en primer lugar, con los límites constitucionales al poder ejecutivo.

La Constitución de los Estados Unidos establece que el Congreso, no la presidencia, quien tiene la autoridad principal sobre la política comercial, ya que se requiere autorización explícita del Congreso para acciones de gran importancia económica, como sería el caso de un arancel global.

Aunque el partido Republicano controle ambas cámaras, generar consenso para una medida de este alcance requeriría extensas negociaciones y acuerdos que tuviesen en cuenta intereses contrapuestos.

No obstante, las importaciones de EE.UU. provienen de tan sólo diez países, encabezados por la UE, México, China, Canadá y Japón, que representan más del 80% de las importaciones totales.

A la práctica, esta concentración significa que acciones bilaterales contra los principales socios comerciales tendrían resultados similares a los de un arancel global, sin la necesidad de pasar por el Congreso.

Según Fritz, este contexto comercial sugiere que la política comercial de Trump probablemente se concentrará en la amenaza de aplicación aranceles a nivel bilateral para lograr sus objetivos.