México ha aprobado una reforma profunda a su Ley Aduanera, que redefine controles, responsabilidades y procesos en sus operaciones de comercio exterior, lo que obligará a los operadores internacionales a adaptarse a un nuevo entorno normativo.
El 21 de octubre, el Congreso de México ha aprobado una reforma profunda a la Ley Aduanera, la cual fue remitida al Ejecutivo Federal para su publicación. Esta nueva legislación introduce cambios relevantes en la gestión de comercio exterior, con implicaciones directas para importadores y exportadores.
Entre las medidas destacadas está la creación de un Consejo Aduanero con nuevas facultades para gestionar y supervisar las patentes aduanales, la exigencia de mayor documentación, revisiones más frecuentes, y el refuerzo del uso de tecnología digital para trazabilidad en tiempo real.
La reforma también redefine el régimen de los recintos fiscalizados estratégicos, obligando a establecer plazos concretos para el almacenamiento temporal de mercancías y el pago de contribuciones, con posibilidad de reembolso al ser exportadas.
Se eliminan las causas excluyentes de responsabilidad, de modo que las agencias aduanales comparten con los importadores y exportadores la responsabilidad sobre la correcta clasificación arancelaria y el cumplimiento tributario. Asimismo, se endurecen las sanciones a las operaciones que no respeten los procedimientos aduanales, y se otorgan mayores facultades de inspección al SAT y a la ANAM.
Aunque la propuesta original contemplaba una aplicación inmediata tras su publicación, el Senado modificó el artículo primero transitorio para posponer su entrada en vigor al 1 de enero de 2026. Este ajuste busca otorgar tiempo a las autoridades y operadores para adaptar sistemas, capacitar personal y garantizar una implementación eficaz.
Dado que la reforma eleva los requisitos operativos y de cumplimiento dentro del comercio exterior mexicano, las empresas que comercian con México deberán adaptar sus operaciones:
Actualizar documentación y procesos internos para cumplir con controles más estrictos.
Asumir mayores riesgos compartidos ante errores operativos o de clasificación arancelaria.
Invertir en trazabilidad digital y monitoreo en tiempo real, conforme a las nuevas exigencias tecnológicas de las autoridades aduaneras mexicanas.
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Además, se prevén sanciones más severas para los recintos fiscalizados estratégicos y mayor vigilancia institucional por parte de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Cámara de Diputados de México. Nota de prensa (21 octubre 2025)