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El Estado actual del Brexit

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El Reino Unido presentó el 29 de marzo de 2017 la notificación de su intención de retirarse de la Unión de conformidad con el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. Esto significa que, a menos que un acuerdo de retirada ratificado establezca otra fecha, toda la legislación primaria y secundaria de la Unión dejará de aplicarse al Reino Unido a partir del 30 de marzo de 2019 a las 00:00 horas (CET). El Reino Unido se convertirá entonces en un “tercer país”.

No obstante, se prevé un periodo de transición de casi dos años, hasta el 31 de diciembre de 2020. Durante este tiempo Reino Unido podrá permanecer en la unión aduanera y el mercado único. Pero según las últimas declaraciones del negociador jefe comunitario del Brexit, Michel Barnier, si para julio del 2020 no está listo el acuerdo post-Brexit, podría considerarse conjuntamente prolongar el periodo de transición y, si al final de esta transición tampoco se logra un acuerdo, se tomará la solución acordada en la reunión del Eurogrupo del 15 de noviembre de 2018, una solución que consiste en un borrador del preacuerdo de retirada que ya ha sido aprobado por los embajadores de los 27, pero que todavía está pendiente del visto bueno del Parlamento inglés. Así, el Reino Unido parece quedarse anclado en la UE por un periodo indefinido.

Este documento cuenta con 585 páginas, 185 artículos y 3 protocolos: uno sobre Irlanda del Norte, otro sobre Chipre y el último sobre Gibraltar. El acuerdo detalla por separado cómo Gran Bretaña tendría que aceptar la supremacía de las leyes de la UE en todo, desde la agricultura hasta el IVA, durante el tiempo que dure la transición. Además, deberá seguir contribuyendo en cierta medida a las arcas de la Unión (en contra de lo que inicialmente pensaban algunos ministros británicos), y no tendrá capacidad de decisión, esto es, el Reino Unido seguirá cumpliendo y financiando la UE, pero habrá perdido su voz.

El acuerdo de salida no estipula una cifra concreta, pero el cálculo es de entre 50.000 y 60.000 millones de euros a lo largo de los próximos años. El documento establecer que Londres “respetará su parte de las obligaciones financieras adquiridas mientras era parte de la Unión”, sobre todo respecto al Presupuesto Europeo, que se calcula en Marcos Financieros Plurianuales (el vigente es 2014-2020). Esta buena “jugada” de la Unión Europea ha favorecido una imagen de organización fuerte y unida hacia el exterior, al mismo tiempo que las discrepancias, dimisiones y fisuras dentro del gobierno inglés van en aumento.

La mayoría del gabinete May, integrado por 22 ministros, apoya a estas alturas un Brexit “suave”, aunque la gran incógnita es el secretario de Interior Sajid Javid, partidario en su día de la permanencia, que ha ido virando progresivamente hacia un Brexit “duro”. Javid es ahora uno de los favoritos a la sucesión de Theresa May, en el caso de que la crisis del Brexit acabe provocando una nueva carrera por el liderazgo del Partido Conservador.

Una encuesta de YouGov realizada recientemente ha evidenciado que el 54% de los británicos quiere la permanencia en la Unión Europea, frente al 46% que opta por abandonarla. La encuesta también estima que el 47% de los británicos piensa a estas alturas que el voto a favor del Brexit fue “un error”, frente al 40% que opina que fue una decisión “correcta” (el 13% no sabe/no contesta). Por otro lado, la campaña People’s Vote, que agrupa a representantes de todos los partidos a favor de un segundo referéndum, estima que 6 de cada 10 británicos están a favor de un segundo referéndum.

Ante la falta de soluciones reales, el diputado conservador y exministro Nick Boles ha propuesto una fórmula intermedia que va ganando adeptos de su propio partido: la permanencia temporal del Reino Unido en el Espacio Económico Europeo siguiendo el modelo de Noruega hasta que se cierre la negociación del nuevo acuerdo de libre comercio con la UE, al estilo del CETA con Canadá. El laborista Frank Fields se ha sumado a esta conciliadora propuesta y se ha comprometido a trabajar para aprobar una moción parlamentaria.

Los derechos de los ciudadanos europeos viviendo en Reino Unido, y los de los británicos repartidos por la UE, parecen mucho más asegurados que el resto de las áreas en el caso de un Brexit “duro”. Se ha acordado que mientras que el Parlamento británico no decida elaborar una nueva legislación, la situación seguirá siendo la misma para los ciudadanos de los 27 que residan en las islas. Sin embargo, no existe todavía esta seguridad en las negociaciones sobre los territorios colindantes que recogen los protocolos.

Por un lado, encontramos el problema de la frontera con Irlanda, pues esta frontera de 360 kilómetros sólo existe en los mapas. El mercado único y el Acuerdo de Viernes Santo borraron del mapa los 18 puntos aduaneros y los 200 pasos de carretera que dividían la isla. Este retorno a los controles aduaneros se interpreta como un paso atrás de 20 años. El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, acaba de anunciar un plan para el “no deal” que incluye la contratación de 1.000 nuevos agentes de aduanas. La vuelta a la frontera dura afectaría también al tráfico ferroviario entre las dos Irlandas y de una manera muy especial a los camiones-bala. El flujo de mercancías, especialmente las agrícolas, se vería gravemente afectado. No obstante, la libertad de movimientos entre las dos Irlandas (unos 35.000 vehículos diarios) quedaría protegida por la Zona de Viaje Común, anterior a la creación de la Unión Europea.

Por otro lado, tenemos el conflicto de intereses en Gibraltar. España considera que un plazo de prórroga indefinido no puede aplicarse al Peñón. En estas advertencias, se intuye que España podría dejar a Gibraltar completamente aislada, mientras el resto de Reino Unido sigue con otro estatus. España ha conseguido que la parte del acuerdo dedicada a Gibraltar sea pactada por negociadores españoles, no europeos. Por ahora, se han acordado subidas en los impuestos al tabaco, el alcohol y la gasolina gibraltareños, con el objetivo de reducir el contrabando. Por ejemplo, se ha pactado que el precio del tabaco no pueda diferir más de un 30%.

En enero de 2019 tendrá lugar la prueba definitiva en el Parlamento británico. El acuerdo con la UE debería someterse a votación en la Cámara de los Comunes. Actualmente Theresa May no tiene garantizado ni tan solo el apoyo de su propio partido. El ‘brexitero’ mayor Steve Baker asegura contar con el respaldo de al menos 80 diputados ‘tories’ (del Partido Conservador) que podrían dinamitar el plan de May en el último momento.

Consulta también nuestra Nota de Prensa: http://www.amec.es/comunicaciones/amec-alerta-de-las-consecuencias-del-brexit-y-alienta-a-las-empresas-para-que-esten-bien-preparadas/

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Paula Camacho
Unidad de Prospectiva
amec

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